Organizaciones y representantes de comunidades indígenas de la región Huasteca acusaron a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de mantener una “estrategia de contención política” frente al rechazo social al uso de fracturación hidráulica (fracking), en lugar de asumir una postura firme de protección ambiental y de derechos humanos.
El señalamiento surge luego de las declaraciones del titular de CONAGUA en San Luis Potosí, Darío González Castillo, quien aseguró que no se autorizarán permisos para fracking mientras no existan condiciones que garanticen la protección ambiental.
Sin embargo, el Observatorio Indígena Mesoamericano, a través de un pronunciamiento firmado por Juan Felipe Cisneros Sánchez, consideró que dichas declaraciones no representan una garantía jurídica, sino una respuesta temporal ante la presión social. Indicó que confiar en la decisión personal de un funcionario no ofrece certeza sobre la protección de los recursos hídricos en la región.
Las comunidades señalaron además una omisión por parte de la autoridad federal en materia de consulta indígena. Afirmaron que no se han implementado procesos de Consulta Previa, Libre e Informada, como lo establecen la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese a la posibilidad de proyectos vinculados con hidrocarburos.
En este contexto, pueblos tének y náhuatl manifestaron su rechazo total a cualquier actividad de exploración o extracción mediante fracking, postura que, aseguran, se sustenta en su carácter de sujetos de derecho público y en el marco jurídico nacional e internacional.
El pronunciamiento también cuestiona el argumento de la “soberanía energética”, al considerar que no debe prevalecer sobre derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un medio ambiente sano. Advirtieron que el uso intensivo de agua en procesos de fracturación representa un riesgo directo para los acuíferos de la Huasteca.
Asimismo, adelantaron que las declaraciones del funcionario podrían ser utilizadas como elemento en posibles acciones legales, al interpretar que existe un reconocimiento implícito de los riesgos asociados a esta técnica.
Entre sus exigencias, las comunidades pidieron mayor transparencia sobre cualquier solicitud de uso de agua relacionada con proyectos extractivos, así como que la CONAGUA asuma un papel activo como garante del derecho al agua.
El posicionamiento se da en un contexto de creciente debate sobre la viabilidad del fracking en distintas regiones del país, particularmente en zonas con alta vulnerabilidad ambiental y presencia de comunidades indígenas.
