La Dirección de Comercio Municipal de San Luis Potosí enfrenta cuestionamientos simultáneos por su actuación en dos frentes sensibles, la operación de mercados tradicionales y la supervisión de bares y centros nocturnos.
Locatarios de los mercados República, Revolución y Bicentenario manifestaron inconformidad por presuntos cobros indebidos, trato discrecional y prácticas que, aseguran, afectan su actividad diaria. De acuerdo con los comerciantes, estas situaciones no son recientes, pero en los últimos días han derivado en una mayor organización para visibilizar sus denuncias.
En paralelo, la regulación de establecimientos nocturnos volvió al centro del debate tras el ataque armado registrado en el bar La Villita, ubicado sobre avenida Muñoz, donde tres personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas. El hecho reavivó preocupaciones sobre los mecanismos de supervisión y control en este tipo de negocios.
En ese contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló la falta de participación de la Dirección de Comercio Municipal en operativos coordinados con instancias estatales como Protección Civil y la Secretaría General de Gobierno. Según datos oficiales, el Estado ha realizado al menos 16 clausuras de establecimientos en lo que va del año.
Por su parte, el titular de Comercio Municipal, José Ángel de la Vega Pineda, rechazó las acusaciones de irregularidades en mercados bajo el argumento de que no existen denuncias formales. No obstante, comerciantes sostienen que el temor a posibles represalias limita la presentación de quejas ante la autoridad.
Respecto a la vigilancia de bares y centros nocturnos, el funcionario no presentó cifras detalladas ni un posicionamiento específico sobre las acciones implementadas tras los recientes hechos de violencia.
Aunque la dependencia reporta una recaudación superior a los 100 millones de pesos, diversos sectores señalan que este dato no responde a las inquietudes sobre transparencia y control en la operación cotidiana.
Actualmente, la Dirección de Comercio Municipal enfrenta cuestionamientos tanto de comerciantes como del Gobierno del Estado, en un escenario donde se demanda mayor claridad, presencia institucional y mecanismos efectivos de supervisión.
