En la capital potosina, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social denunció una serie de hechos de violencia, abusos y omisiones en distintas unidades médicas del estado, los cuales, aseguran, reflejan fallas estructurales en la operación interna y en los esquemas de seguridad.
La inconformidad se hizo visible tras una manifestación realizada frente a la clínica de Cuauhtémoc, donde personal de salud expuso que las problemáticas no corresponden a un hecho aislado, sino a una cadena de incidentes que han deteriorado el ambiente laboral. Entre los casos señalados destaca la presunta agresión a un médico especialista dentro del Hospital General de Zona No. 2, originada, según testimonios, por restricciones de acceso implementadas sin previo aviso por el área de seguridad.
De acuerdo con los reportes, el conflicto derivó en un enfrentamiento físico que dejó al médico con fracturas en los dedos, contusión cerebral y un episodio convulsivo, lo que requirió atención médica urgente. Trabajadores consideran que este hecho es consecuencia de la falta de protocolos claros y de una deficiente coordinación interna.
Personal de enfermería, representado por Leticia Ávila González, señaló que el trato por parte del personal de seguridad ha sido recurrentemente hostil, con actitudes de prepotencia y decisiones arbitrarias que dificultan el desempeño de sus funciones. Indicó que los constantes cambios en los lineamientos de acceso, sin comunicación efectiva, han generado fricciones y retrasos en la atención médica.
A estas denuncias se suma un incidente en la Clínica 45, donde se reportó el hallazgo de un dispositivo de grabación oculto en un baño de mujeres, situación que generó preocupación por la vulneración a la privacidad del personal. Aunque el IMSS informó sobre el inicio de un proceso administrativo y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, trabajadores señalan que no se han presentado avances claros ni responsables identificados.
Ante este panorama, el personal exige una investigación exhaustiva de los hechos, sanciones a los responsables, revisión del servicio de seguridad privada y la implementación de protocolos funcionales que garanticen condiciones seguras y un trato digno.
Los trabajadores advirtieron que la problemática trasciende casos específicos y evidencia una desconexión entre la administración institucional y las condiciones reales en las que opera el personal de salud. Señalaron que, sin acciones concretas, estos conflictos podrían seguir afectando tanto al personal como a la calidad del servicio brindado a los derechohabientes.
