Un Juzgado de Distrito admitió a trámite un amparo promovido por personas con discapacidad, con el acompañamiento de la organización Cambio de Ruta, en el que se señala una presunta omisión del Congreso local por no armonizar la legislación conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el recurso, el Poder Legislativo habría incumplido resoluciones firmes que ordenaban adecuaciones legales en materia de educación inclusiva y participación política, incluyendo la obligación de realizar consultas previas con personas con discapacidad, como lo establecen estándares constitucionales e internacionales.
El Juzgado Cuarto de Distrito consideró que existen elementos suficientes para analizar el fondo del caso, por lo que dio entrada al amparo y fijó un plazo de 15 días para que el Congreso rinda un informe sobre las acciones emprendidas en cumplimiento de dichas resoluciones.
La demanda sostiene que la falta de legislación no solo representa un rezago normativo, sino que tiene efectos directos en el acceso de este sector de la población a derechos fundamentales, al no garantizar condiciones de inclusión en ámbitos educativos y de participación pública.
Organizaciones civiles han señalado que este tipo de omisiones reflejan una brecha entre los mandatos constitucionales y su aplicación efectiva, lo que ha derivado en la necesidad de recurrir a instancias judiciales para exigir su cumplimiento.
El caso abre la posibilidad de que un órgano jurisdiccional determine si existe una omisión legislativa y, en su caso, ordene medidas para subsanarla, lo que podría sentar un precedente en la exigibilidad de derechos para personas con discapacidad en la entidad.
