En la capital de San Luis Potosí, el debate sobre el acceso al agua escaló a un enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y el Congreso del Estado, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos rechazara la existencia de una crisis hídrica y atribuyera las protestas ciudadanas a presuntas conspiraciones.
Las declaraciones del edil provocaron una respuesta directa del diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien aseguró que la postura del gobierno municipal se aleja de la realidad que enfrentan miles de familias que padecen falta de agua en sus hogares.
El legislador señaló que minimizar el problema contribuye a incrementar la inconformidad social y proyecta una administración más enfocada en el manejo del discurso público que en la solución del desabasto. Afirmó que las quejas ciudadanas no responden a intereses externos, sino a condiciones cotidianas como la escasez del recurso, el deterioro de vialidades y la percepción de inseguridad.
Gámez Macías también vinculó la postura del alcalde con un contexto de presión sobre el uso de recursos públicos. Indicó que existe preocupación por decisiones que podrían afectar el patrimonio de la ciudad, como la disposición de áreas verdes, lo que consideró como medidas de corto plazo con posibles implicaciones políticas.
En contraste, el alcalde ha sostenido que no existe una crisis generalizada de agua en la capital y ha insistido en que las manifestaciones responden a intereses ajenos a la problemática del servicio.
El intercambio de posturas refleja una creciente tensión institucional en torno a uno de los temas más sensibles para la población potosina, en un contexto donde el acceso al agua se mantiene como una de las principales demandas ciudadanas.
