En medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha ofrecido un mensaje que, por su contundencia, parecería no requerir mayor comprobación. En la capital potosina, asegura, no hay abuso de adjudicaciones directas, sino una preferencia clara por la licitación pública.
La cifra es tranquilizadora. Más del 90 por ciento de los contratos, según el edil, se otorgan mediante procesos competitivos. Una proporción que suena ejemplar, aunque por ahora permanece en el terreno de lo declarativo. Los datos desglosados, esos que suelen acompañar a las buenas prácticas, aún no aparecen.
El contexto tampoco invita a la confianza automática. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado ha advertido fallas recurrentes en los procesos de contratación municipal, mientras que cifras del INEGI dibujan un panorama menos optimista. En 2024, hasta el 98 por ciento de las adquisiciones y obras en ayuntamientos se realizaron por adjudicación directa. No es la capital, se dirá, pero tampoco es un dato menor.
Así, entre la estadística nacional y la convicción local, la transparencia parece moverse en un terreno intermedio. Se menciona, se invoca, pero todavía no se muestra. Porque si bien la administración municipal insiste en el apego a la legalidad, conviene recordar que cumplir la norma es apenas el inicio. La transparencia exige algo más exigente y menos cómodo, que es abrir la información.
Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha difundido un desglose detallado de contratos, modalidades ni criterios de asignación. Y en ausencia de esa información clara, completa y oportuna, el discurso oficial se sostiene, aunque lo hace sin el respaldo visible de la evidencia.
