Diversas organizaciones sociales y representantes comunitarios endurecieron su postura frente a la posible implementación del fracking en la Huasteca Potosina, al calificar esta medida como equivalente a una “declaración de guerra” contra los pueblos indígenas de la región.
El pronunciamiento, emitido por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), señala que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla intervenir en al menos 367 comunidades tének y náhuatl de 17 municipios, sin que exista, afirman, un proceso de consulta previa, libre e informada.
Según el documento, la gravedad de la situación radica en que la eventual aplicación de la fractura hidráulica no solo implicaría impactos ambientales, sino una afectación directa a la base material, cultural y territorial de los pueblos indígenas. Señalan que hablar de fracking en esta región es poner en riesgo el agua, la tierra, la salud y la vida comunitaria, por lo que se interpreta como una agresión estructural.
Las organizaciones sostienen que el uso de esta técnica podría contaminar ríos, manantiales y acuíferos, lo que comprometería el acceso al agua potable y las actividades productivas locales. En ese sentido, subrayan que el daño no sería únicamente ecológico, sino también económico y social, al impactar sectores como la agricultura y el turismo.
El calificativo de “declaración de guerra”, explican, responde a la percepción de que el proyecto coloca los intereses energéticos por encima de los derechos de los pueblos originarios, lo que podría detonar un escenario de confrontación social. Recuerdan que entre 2014 y 2018 ya se registraron movilizaciones en la región para frenar intentos similares de explotación petrolera, antecedentes que siguen presentes en la memoria colectiva.
Asimismo, advierten que avanzar en este tipo de proyectos sin consenso social podría profundizar la desconfianza hacia las instituciones y reactivar procesos de resistencia comunitaria. Enfatizan que no se trata solo de una política energética, sino de una decisión que impacta directamente en la supervivencia de los pueblos.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Federal para replantear su estrategia energética y evitar lo que consideran una escalada de conflicto. Insisten en que la transición hacia modelos sustentables debe priorizar el respeto a los territorios, los derechos indígenas y la protección de los ecosistemas de la Huasteca Potosina.
