Representantes y consejeros indígenas del estado de San Luis Potosí emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que expresan su rechazo a la posible reactivación de la fracturación hidráulica (fracking) en diversas cuencas del país.
En el documento, las comunidades de la Huasteca y la Cuenca del Golfo manifestaron su preocupación ante recientes declaraciones del Gobierno Federal sobre el impulso a esta técnica para la extracción de hidrocarburos. Aseguraron que cualquier proyecto energético que contemple el uso del fracking en territorios indígenas carecería de validez si no cumple con el derecho a una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Artículo 2° Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los firmantes señalaron que no han otorgado su consentimiento para la implementación de estos proyectos y advirtieron que una consulta realizada posteriormente al diseño de los mismos representaría una simulación y un “vicio de origen” en su legalidad.
Asimismo, cuestionaron el argumento de la soberanía energética utilizado para justificar el uso del fracking, al considerar que esta no puede construirse a costa de la seguridad hídrica, alimentaria y ambiental. Indicaron que esta técnica requiere grandes volúmenes de agua dulce, lo que pondría en riesgo acuíferos esenciales para el consumo humano y las actividades productivas.
En el comunicado también se rechaza la idea de un “fracking ecológico”, al afirmar que no existe evidencia técnica que respalde que esta práctica pueda realizarse sin impactos negativos, debido al uso de químicos y la posible liberación de metano.
Además, alertaron sobre el riesgo de que estas actividades se extiendan a regiones como la Cuenca Tampico-Misantla, la cual, por su densidad poblacional y características hidrológicas, podría enfrentar daños irreversibles.
En materia económica, los representantes indígenas consideraron que apostar por el gas de esquisto resulta una estrategia obsoleta frente a la transición global hacia energías limpias, por lo que instaron a redirigir la inversión pública hacia fuentes renovables y eficiencia energética.
Finalmente, hicieron un llamado a la Presidencia de la República y al Poder Legislativo para impulsar una ley que prohíba de manera explícita el fracking en todo el territorio nacional, priorizando la protección del medio ambiente, el agua y los derechos de los pueblos indígenas.
