El alcalde Enrique Galindo Ceballos se ha negado a precisar cuánto dinero del erario se destinó al Festival San Luis en Primavera. Lejos de ofrecer una cifra concreta, ha sostenido que los datos aún se están integrando, pese a que el evento ya concluyó. La postura no solo exhibe falta de claridad, también evidencia una resistencia a transparentar el uso de recursos públicos.
La omisión resulta aún más relevante porque el propio Ayuntamiento de la capital potosina ha difundido con insistencia los supuestos beneficios del evento, asegurando una derrama económica superior a los 560 millones de pesos. Sin embargo, mientras las ganancias se comunican con precisión, el costo permanece en la incertidumbre.
En distintos momentos, el edil ha hecho referencia a una cifra cercana a los 45 millones de pesos, pero sin aclarar si corresponde al gasto total, a una parte del presupuesto o a una estimación preliminar. Esta ambigüedad impide conocer con certeza cuánto se invirtió realmente y en qué conceptos específicos se ejercieron los recursos.
El argumento oficial se ha centrado en justificar la inversión a partir de los resultados. Según esta lógica, el festival se valida por el impacto económico y social generado. No obstante, este planteamiento evade una obligación básica de cualquier administración pública, rendir cuentas claras, completas y verificables.
A la par, el discurso institucional ha recurrido a destacar el valor cultural del evento y la presentación de artistas internacionales como Miguel Bosé. Sin embargo, el acceso a espectáculos no sustituye la necesidad de informar con precisión cómo se ejercieron los recursos públicos.
El problema de fondo no es la realización de festivales ni su potencial para dinamizar la economía local. La preocupación radica en la opacidad. Resulta contradictorio que la autoridad tenga certeza para cuantificar beneficios, pero no para detallar el gasto que los hizo posibles.
La negativa a transparentar el costo total del festival deja incompleta la narrativa oficial y abre cuestionamientos sobre la eficiencia y el manejo del erario. En un contexto donde la exigencia ciudadana por claridad es creciente, las cifras a medias no solo son insuficientes, también erosionan la confianza pública.
