El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió una resolución considerada histórica al reconocer una violación sistemática a los derechos político-electorales de comunidades indígenas en la entidad, particularmente de los pueblos Tének y Náhuatl.
A través del juicio TESLP/JDC/04/2026, el órgano jurisdiccional determinó que el Congreso del Estado de San Luis Potosí incurrió en una omisión legislativa al no establecer mecanismos que permitan a las comunidades indígenas elegir a sus autoridades mediante sus propios sistemas normativos, en lugar del modelo de partidos políticos.
La sentencia señala que esta falta de adecuación legal contraviene lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Mexicana, el cual reconoce el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y autonomía. Asimismo, el Tribunal subrayó que el plazo de 180 días establecido en el decreto de reforma constitucional para armonizar la legislación local venció el 29 de marzo de 2025 sin que se concretaran los cambios necesarios.
Ante este escenario, el TESLP ordenó al Congreso estatal realizar las adecuaciones normativas en un plazo improrrogable de 90 días naturales, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las comunidades indígenas.
Como parte de la resolución, también se instruyó que la sentencia sea traducida a lenguas Tének y Náhuatl, en formatos escrito y de audio, a fin de asegurar su difusión y comprensión en las comunidades involucradas, en un esfuerzo por fortalecer la justicia plurilingüe.
Este fallo se da en medio de críticas hacia la falta de acción de instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaladas por actores sociales por su escasa intervención en la agenda indígena local.
Representantes comunitarios de la huasteca potosina coinciden en que esta resolución marca un precedente clave en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, al reconocer que la ausencia de legislación adecuada constituye un obstáculo real para su participación política y su derecho al autogobierno.
Con esta decisión, San Luis Potosí avanza hacia el reconocimiento efectivo de una democracia más incluyente y pluricultural, en la que las comunidades indígenas puedan definir sus propias formas de organización y gobierno.
