En San Luis Potosí, la mayoría de los ayuntamientos mantiene rezagos en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad pública, a pesar de que el plazo establecido por la reforma constitucional ya venció hace más de cuatro meses. De acuerdo con datos expuestos en el Congreso del Estado, solo nueve de los 59 municipios cumplen con requisitos mínimos como un salario adecuado para sus policías y procesos de certificación vigentes.
El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, señaló que no se observan avances significativos ni una respuesta generalizada por parte de los gobiernos municipales para atender esta obligación. Indicó que el cumplimiento no es opcional, ya que deriva de un mandato constitucional.
Entre los principales pendientes se encuentra el salario de los elementos policiacos, que debería superar los 14 mil pesos mensuales, así como la obtención del Certificado Único Policial, requisito indispensable para acreditar la capacitación y confiabilidad de los agentes. Sin embargo, en la mayoría de los municipios estos criterios aún no se cumplen.
El rezago también se refleja en la integración de las corporaciones. Algunos ayuntamientos reportan plantillas reducidas, con apenas unos cuantos elementos activos, lo que limita su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y seguridad.
A nivel estatal, se informó sobre la disponibilidad de recursos cercanos a los 20 millones de pesos destinados a facilitar los procesos de certificación policial. No obstante, dichos recursos no se han traducido en avances concretos en la mayoría de los municipios.
Otro de los compromisos incumplidos es la asignación presupuestal. De acuerdo con lineamientos del Consejo de Seguridad, los municipios deben destinar al menos el 20 por ciento de su presupuesto a este rubro, situación que tampoco se observa de manera generalizada.
Autoridades legislativas advirtieron que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas contra alcaldes, síndicos y miembros de cabildo, debido a que se trata de una obligación constitucional vigente.
Mientras tanto, especialistas y autoridades coinciden en que la falta de elementos capacitados y condiciones laborales adecuadas impacta directamente en la seguridad de la población, al incrementar la vulnerabilidad en distintas regiones del estado.
