La aprobación del denominado “Plan B” en el Congreso de la Unión marca un nuevo ajuste en la política presupuestal federal, al plantear la reorientación del gasto público bajo criterios de austeridad y eficiencia. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca redistribuir recursos hacia proyectos de infraestructura y programas de impacto social.
Desde el Senado, la legisladora potosina Ruth González Silva respaldó la medida y destacó que permitirá fortalecer la inversión en obra pública, especialmente en rubros como carreteras, educación y desarrollo urbano. Señaló que este enfoque podría generar beneficios directos en municipios al priorizar proyectos visibles para la población.
El planteamiento contempla ajustes presupuestales a distintos órganos, incluidos organismos electorales, congresos locales y cabildos, con el objetivo de reducir costos operativos. De acuerdo con el bloque oficialista, la intención es eliminar gastos considerados excesivos y redirigir esos recursos a áreas estratégicas.
En este contexto, el respaldo del Partido Verde Ecologista de México refuerza la mayoría legislativa junto con Morena, lo que ha permitido avanzar en la aprobación del proyecto sin mayores contratiempos en el Congreso.
No obstante, especialistas y actores políticos han advertido que la reducción de recursos a órganos autónomos podría impactar su capacidad operativa y su función como contrapesos democráticos. El debate se centra en si es posible aplicar medidas de austeridad sin comprometer la autonomía institucional.
El gobierno federal sostiene que el objetivo principal es canalizar el ahorro hacia proyectos de alto impacto social. Sin embargo, la efectividad del “Plan B” dependerá de que los recursos se traduzcan en resultados concretos y medibles en beneficio de la población.
