La mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó la detención de Jorge Eduardo Martínez Peña, director de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, quien fue asegurado la noche anterior en posesión de varias dosis de droga mientras se encontraba a bordo de una patrulla oficial del Gobierno Municipal. El funcionario había asumido el cargo en junio de 2025 como parte de la actual administración 2024–2027.
En un hecho distinto, también en Matehuala fue detenido Pablo Ernesto Navarro Briones, de 40 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de marihuana, así como un vehículo marca Chevrolet tipo pickup, modelo 2025. Navarro Briones se desempeñó como director de Inspección General de Alcoholes y Comercio durante la administración municipal 2018–2021. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que definirá su situación jurídica.
Horas antes de estas detenciones, en el mismo municipio reaparecieron los siete trabajadores electricistas que habían sido privados de la libertad desde el pasado sábado. De acuerdo con sus testimonios, los captores pretendían reclutarlos para obligarlos a realizar actividades ilícitas; sin embargo, no se trató de un rescate operativo, sino de una liberación por parte de sus propios captores, hecho reconocido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante una conferencia de prensa.
El mandatario estatal admitió además que este tipo de घटनos no son aislados en la región, particularmente en Matehuala y sobre la carretera federal 57, donde desde 2023 se han documentado diversos casos de secuestros colectivos, muchos de ellos visibilizados a través de medios de comunicación y redes sociales.
Tras su liberación, los electricistas fueron localizados por autoridades en el libramiento de Matehuala en condiciones de evidente desgaste físico y emocional. Presentaban signos de desorientación, cansancio y hambre, y posteriormente lograron reencontrarse con sus familiares en escenas marcadas por la emoción.
Hasta el momento, las víctimas han evitado emitir declaraciones públicas por temor, mientras que sus familiares han señalado que persiste un ambiente de miedo e incertidumbre en la zona, al grado de que algunos consideran abandonar la región ante la inseguridad.
