A más de 48 horas de la desaparición de siete trabajadores electricistas en Matehuala, colectivos de búsqueda denuncian omisiones graves por parte de autoridades, así como una respuesta tardía que ha complicado las labores para su localización.
En entrevista, Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, explicó que fue un compañero de los desaparecidos quien detectó la situación, al acudir al lugar donde realizaban trabajos.
En el sitio únicamente fue localizada la grúa que utilizaban, mientras que no había rastro de los trabajadores ni de la camioneta en la que se trasladaban. Tras ello, se dio aviso a las familias.
Pese a la urgencia, el primer intento de denuncia ante la Fiscalía en Matehuala no prosperó. Según relató la activista, al trabajador que acudió a reportar la desaparición no le recibieron el reporte bajo el argumento de que debía ser presentado por familiares, lo que retrasó la activación de la búsqueda. Además, criticó que no se brindó orientación inmediata sobre mecanismos como el reporte al 911, lo que considera una omisión grave en un contexto donde cada minuto es clave.
Pérez Rodríguez señaló que fue hasta ayer domingo cuando las familias lograron recibir atención institucional, en medio de condiciones limitadas. Indicó que el apoyo brindado ha sido insuficiente y sin garantías básicas para quienes buscan a sus seres queridos.
Subrayó que existen elementos claros para iniciar una búsqueda inmediata, como el último punto de localización y testimonios directos, por lo que cuestionó la inacción inicial de las autoridades.
La activista advirtió que este caso refleja una problemática recurrente en Matehuala y municipios cercanos, donde se han registrado desapariciones en contextos de violencia.
Señaló que muchas víctimas, incluidos migrantes, no denuncian por temor a represalias, lo que contribuye a que los casos no se visibilicen plenamente. También denunció la falta de presencia efectiva de fuerzas de seguridad en zonas de riesgo, donde incluso colectivos han enfrentado situaciones de peligro durante búsquedas.
La presidenta del colectivo cuestionó directamente a las instancias de seguridad y procuración de justicia por no aplicar de forma efectiva los protocolos de búsqueda inmediata. Asimismo, señaló que la Comisión de Atención a Víctimas opera con recursos limitados, lo que afecta la atención integral a las familias.
Mientras tanto, los familiares de los siete trabajadores continúan en la incertidumbre, a la espera de resultados concretos en un caso que evidencia nuevamente las fallas estructurales en la respuesta ante desapariciones en San Luis Potosí.
