Jubilados y pensionados del Ayuntamiento de San Luis Potosí no afiliados a ningún sindicato exigieron una respuesta inmediata al alcalde Enrique Galindo Ceballos ante las deficiencias del nuevo esquema de servicio médico, en operación desde el 1 de febrero de 2026.
De acuerdo con un documento recibido el pasado 2 de marzo, del cual la organización Ciudadanos Observando posee copia, los inconformes advirtieron que el cambio de modalidad ha generado afectaciones directas en la atención de derechohabientes y sus beneficiarios. Señalan que el sistema actual es insuficiente para cubrir la demanda y pone en riesgo el derecho a la salud de cientos de personas.
Entre las principales inconformidades destaca la falta de médicos de primer contacto. Según denunciaron, actualmente operan solo dos médicos generales por turno, lo que ha derivado en tiempos de espera de entre ocho y 15 días para obtener una consulta.
Esta situación, indicaron, impacta de manera más severa a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer e insuficiencia renal. Además, acusaron desabasto de medicamentos y, en algunos casos, la suspensión de tratamientos debido a la falta de surtimiento oportuno de recetas.
Los jubilados también reclamaron la falta de información clara sobre la aseguradora contratada por el Ayuntamiento para brindar el servicio médico. En su pliego de solicitudes exigieron conocer la identidad de la empresa, copia de la póliza vigente, el monto de la suma asegurada, el número de eventos y emergencias cubiertos, así como el territorio de cobertura.
Asimismo, solicitaron un listado de médicos especialistas disponibles, luego de que algunos pacientes recibieran la notificación de que los pases médicos aún no son válidos debido a negociaciones en curso entre especialistas y la aseguradora.
Otro de los puntos más sensibles es la incertidumbre sobre cirugías ya programadas, algunas previstas para este mismo mes, las cuales podrían no realizarse. También pidieron la reubicación de la farmacia en el hospital donde reciben atención, la implementación de vales para garantizar medicamentos a pacientes crónicos y la elaboración de un documento comparativo que detalle los beneficios del nuevo modelo.
Finalmente, los inconformes solicitaron al gobierno municipal una respuesta pronta y formal, al amparo del derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución mexicana.
