Comunidades indígenas de la Huasteca potosina rechazaron de forma enérgica cualquier intento de permitir la fracturación hidráulica (fracking) en la región y acusaron un posible cambio de postura del gobierno federal, señalando directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por lo que consideran un “giro alarmante” respecto a su promesa de prohibir esta técnica.
En un pronunciamiento difundido desde el municipio de Tancanhuitz, representantes de 30 comunidades Tenek y Náhuatl advirtieron que las recientes declaraciones de la mandataria federal “han dejado entrever un giro alarmante en su compromiso número 75 de los ‘100 Puntos de Gobierno’”, en el que, señalan, se prometió explícitamente la prohibición de la fractura hidráulica en México.
Los firmantes del documento expresaron su preocupación porque, según afirmaron, ahora se pretende impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos de “geología compleja”, lo que implicaría inevitablemente el uso de fracking en la Cuenca Tampico-Misantla, donde se ubica parte de la Huasteca potosina.
Las comunidades sostienen que el cambio de narrativa busca evitar el costo político de permitir esta técnica, ya que la naturaleza de los yacimientos no convencionales exige la fracturación hidráulica para liberar gas y petróleo. En ese sentido, advirtieron que hablar de “soberanía energética” mediante la extracción de gas nacional también resulta cuestionable, pues el desarrollo de estos proyectos depende en gran medida de tecnología, maquinaria y servicios especializados provenientes del extranjero.
El pronunciamiento también alerta sobre los riesgos ambientales y sociales de esta práctica, particularmente en una región caracterizada por su riqueza hídrica y biológica. Según el documento, la actividad extractiva podría poner en riesgo más de mil cuerpos de agua entre ríos, manantiales y acuíferos, además de afectar tierras agrícolas y ecosistemas donde habitan miles de comunidades indígenas.
Los representantes indígenas subrayaron que en la Huasteca existen 3,268 localidades habitadas principalmente por pueblos Tenek y Náhuatl, cuyos medios de vida dependen de la agricultura y del acceso a recursos naturales, por lo que consideran que cualquier proyecto extractivo agravaría las condiciones de pobreza y marginación que históricamente enfrentan.
Asimismo, denunciaron que avanzar en proyectos energéticos sin consulta previa violaría derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.
Ante este escenario, las comunidades declararon que no otorgarán su consentimiento al Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos ni a cualquier iniciativa que ponga en riesgo el agua, el medio ambiente o la vida comunitaria en la región.
Finalmente, solicitaron formalmente una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abrir un diálogo directo sobre el tema y reiteraron que la Huasteca no es una zona de sacrificio, sino un ecosistema vivo y una cultura milenaria que debe ser protegida.
