Dueños de vehículos de procedencia extranjera en San Luis Potosí denunciaron presuntos actos de extorsión y abusos cometidos por corporaciones de seguridad, una situación que ha generado preocupación y afectaciones directas al patrimonio de miles de familias en la entidad.
La presidenta de la asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), Elizabeth Gómez Suárez, señaló que tras el retiro del decreto federal que permitía la regularización de estas unidades, se ha registrado un incremento en prácticas irregulares por parte de elementos municipales, estatales y de la Guardia Nacional, quienes presuntamente exigen pagos indebidos y, en algunos casos, retiran los vehículos de circulación.
La representante explicó que ninguna corporación policial cuenta con facultades legales para asegurar o decomisar este tipo de automóviles, ya que dicha atribución corresponde únicamente al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, indicó que esta dependencia no ha fijado una postura oficial, lo que ha dejado en estado de indefensión a más de 40 mil propietarios de autos extranjeros en territorio potosino.
Ante este escenario, la CTLP anunció la realización de una marcha pacífica el próximo jueves 5 de febrero a las 9 de la mañana. La movilización partirá de la avenida Universidad, frente a la plaza de toros, y avanzará por la carretera 57 hasta las instalaciones de la Guardia Nacional, donde se entregará un pliego petitorio para exigir el cese de las extorsiones y el retiro de los decomisos considerados arbitrarios.
Gómez Suárez informó que, de manera paralela, solicitarán el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que el gobierno del estado intervenga en la protección de campesinos y trabajadores que utilizan estos vehículos como herramienta de trabajo y que actualmente viven bajo constante incertidumbre.
La dirigente social agregó que la convocatoria es abierta a toda la ciudadanía, sin importar si pertenece o no a su organización, debido a que las quejas por abusos van en aumento y la problemática afecta directamente la economía familiar de cientos de potosinos.