La justificación del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, sobre la participación de regidores en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) no logró contener la polémica generada por el viaje; por el contrario, abrió nuevos cuestionamientos sobre la pertinencia, el costo real y la falta de información oportuna sobre la comitiva que acudió al evento internacional.
El edil aseguró que se trató de una invitación abierta y plural, y que los regidores cubrieron la mayor parte de sus gastos, por lo que el impacto al erario municipal fue, según dijo, mínimo. Sin embargo, la explicación careció de cifras concretas, lo que alimentó las dudas sobre el uso de recursos públicos y la ausencia de datos claros desde el inicio.
Más allá del tema económico, el debate se centra en el papel institucional de los regidores. La presencia de integrantes del cabildo en una feria turística internacional fue cuestionada al no formar parte de sus atribuciones legales, que se concentran en funciones deliberativas, normativas y de vigilancia. La ausencia de regidores en sesiones oficiales para acudir a FITUR fue vista como una alteración en el funcionamiento interno del Ayuntamiento.
La controversia cobra mayor relevancia debido al contexto financiero del municipio. El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene observaciones por 446 millones de pesos ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, relacionadas con recursos sin justificar y documentación incompleta, lo que ha colocado a la administración bajo un escrutinio constante.
En ese escenario, cualquier gasto o viaje oficial adquiere un peso simbólico mayor y se convierte en un tema de credibilidad pública. Para distintos sectores, la defensa del alcalde no respondió a la pregunta central: si en un gobierno con cuentas observadas y confianza debilitada, era prudente permitir viajes discrecionales y la ausencia de miembros del cabildo.
La polémica continúa abierta. Voces críticas coinciden en que sólo la presentación de cifras precisas, atribuciones claramente justificadas y una rendición de cuentas preventiva podrían cerrar el debate, en lugar de explicaciones ofrecidas una vez que el tema ya generó inconformidad pública.