A pesar de su pasividad, lentitud y una actitud permisiva, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) sí ha aplicado sanciones a diversos servidores públicos por incumplir la Ley de Transparencia en San Luis Potosí, señaló la organización civil Ciudadanos Observando.
La legislación estatal obliga a las instituciones públicas a cumplir con sus obligaciones de transparencia y a responder de forma adecuada las solicitudes de información que presenta la ciudadanía. No obstante, de acuerdo con la organización, la actuación del órgano garante ha sido tardía y poco contundente.
Según el último informe público correspondiente al año 2023, disponible en el portal oficial de la CEGAIP, se impusieron diversas medidas de apremio a funcionarios que desacataron la ley.
Entre las sanciones más relevantes destaca la multa de 101 mil pesos aplicada a Leonel Serrato, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado. En la misma dependencia, José Alejandro Mendoza fue sancionado con 86 mil 658 pesos.
En el ámbito municipal, las hoy diputadas locales Brisseire Sánchez y Leticia Vázquez, quienes anteriormente se desempeñaron como alcaldesas de Tampacán y Cerritos, respectivamente, también fueron multadas. Sánchez recibió una sanción de 52 mil 128 pesos, mientras que Vázquez fue multada con 13 mil 32 pesos.
Asimismo, el alcalde de San Antonio, Edyunary Gregorio Castillo, fue sancionado con 53 mil 772 pesos, y la entonces alcaldesa de Villa Juárez, Teodora Reyes Infante, con 52 mil 128 pesos.
El informe también refiere sanciones a dirigentes sindicales de ayuntamientos. Jorge Valera, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue multado con 89 mil 595 pesos, mientras que José Guadalupe Valencia, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, recibió una sanción de 13 mil pesos.
Ciudadanos Observando destacó que, hasta el momento, la información sobre las personas sancionadas durante el año 2024 permanece reservada, lo que, a su juicio, refleja la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del propio órgano garante.