La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado autorizó un ajuste a la tarifa del transporte público colectivo urbano en San Luis Potosí, que entrará en vigor una vez que el acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. Con la resolución, el pasaje general quedará en 13.50 pesos, el prepago en 12.50 pesos y la tarifa especial en 6.75 pesos, descartando así la intención de los concesionarios de llevar el costo del servicio hasta los 15 pesos.
De acuerdo con la dependencia estatal, la determinación se sustentó en un análisis de la inflación anual y del aumento en los costos de insumos indispensables para la operación del sistema, como combustible, refacciones y mantenimiento, así como en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y avanzar en la renovación de unidades. El Gobierno del Estado defendió que, aun con el ajuste, San Luis Potosí conserva una de las tarifas más bajas a nivel nacional.
La autoridad también subrayó que el esquema de movilidad incluye alternativas sin costo, como MetroRed, además de programas de subsidio dirigidos a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de mitigar el impacto del incremento en los sectores más vulnerables de la población.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de críticas. La organización Ciudadanos Observando calificó el aumento como una simulación y advirtió la existencia de un acuerdo implícito entre la SCT y los concesionarios del transporte. Según el colectivo, el planteamiento inicial de una tarifa de 15 pesos forma parte de una estrategia recurrente para generar presión social y, posteriormente, hacer aceptable un incremento menor, bajo la apariencia de una negativa por parte de la autoridad.
Además, la organización señaló que la SCT ha tolerado de manera sistemática irregularidades en el servicio, como la operación de más de 320 unidades que ya rebasaron el límite legal de antigüedad, así como la circulación de camiones con publicidad partidista prohibida por la normatividad vigente. Para Ciudadanos Observando, estas omisiones evidencian una relación de complacencia que se traduce en beneficios para los permisionarios, mientras el ajuste a la tarifa se presenta como un ejercicio de control que, en los hechos, no rompe con prácticas que afectan a los usuarios del transporte público.