Mientras los discursos oficiales destacan austeridad y control del gasto, las auditorías a los ayuntamientos muestran una realidad distinta. El uso de empresas fantasma continúa siendo una de las irregularidades más frecuentes detectadas en la revisión de las cuentas públicas, posicionándose de manera constante entre las observaciones más graves señaladas por los órganos fiscalizadores.
Las denominadas EFOS y EDOS, empresas que simulan operaciones o deducen gastos inexistentes, han sido utilizadas para justificar compras y servicios irregulares con recursos públicos. Al verificar las facturas, los auditores han localizado domicilios inexistentes, terrenos baldíos, viviendas abandonadas o negocios cuyo giro no coincide con los servicios facturados, lo que evidencia un daño económico significativo a los entes fiscalizados.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que las observaciones más delicadas corresponden a pagos realizados a estas factureras, las cuales presentan múltiples irregularidades, como facturas canceladas o inexistentes. A ello se suma un patrón reiterado de documentación fiscal incompleta, duplicidad de comprobantes y registros contables incorrectos.
Lecourtois López advirtió que, si las observaciones no se solventan de manera adecuada, se fincarán responsabilidades administrativas y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria para que ejerza sus facultades de comprobación fiscal. Precisó que no se trata únicamente de fallas administrativas, sino de posibles consecuencias legales para los funcionarios y exfuncionarios involucrados.
Actualmente, el IFSE se encuentra en la etapa final de recepción de documentación para determinar si las observaciones a las Cuentas Públicas 2024 serán solventadas, proceso que concluirá en la primera semana de febrero. Mientras tanto, persiste la interrogante sobre hasta cuándo las empresas fantasma seguirán siendo un mecanismo recurrente para desviar recursos públicos sin dejar rastro.