La reciente designación de Georgina González Cázares como directora de la Facultad de Derecho, avalada por el Consejo Directivo Universitario, no debe entenderse como una solución inmediata a los problemas que arrastra la casa de estudios ni como un cheque en blanco para su administración, advirtió el exdiputado local y egresado de dicha institución, el maestro Edgardo Hernández Contreras.
Si bien reconoció que González obtuvo el respaldo mayoritario del órgano colegiado, con una votación de 26 consejeros frente a 21 de su contendiente más cercano, Hernández subrayó que los resultados al interior de la Facultad no se reflejarán de la noche a la mañana, ya que enfrenta un contexto complejo que exige decisiones firmes y autonomía real.
En ese sentido, sostuvo que una de las primeras acciones de la nueva directora debe ser ejercer plena libertad para dirigir, lo que implica deslindarse de los grupos internos que manifestaron preferencias durante el proceso de elección. Fue enfático al señalar que no existe deuda política alguna ni compromisos que pagar, ni en la Secretaría General de la Facultad ni en ninguna otra posición administrativa.
Indicó que las responsabilidades deben recaer en personas capaces y ajenas a intereses de grupo, al recordar que la Facultad de Derecho es para todas y para todos, no para cuotas ni arreglos políticos.
Hernández Contreras insistió en la necesidad de romper con viejos esquemas y con la idea de supuestos derechos adquiridos por quienes pretenden imponer directrices o condicionar la gestión. Reiteró que la actual directora no le debe nada a nadie y que su legitimidad deriva exclusivamente del proceso institucional.
Reconoció que existe una expectativa positiva en torno a su nombramiento, al convertirse en la primera mujer en dirigir la Escuela de Leyes. No obstante, advirtió que ello conlleva una responsabilidad adicional, garantizar la seguridad física de las estudiantes y promover una convivencia sana dentro del plantel, especialmente tras el grave hecho delictivo que sufrió una alumna al interior de la Facultad en horario escolar, episodio que marcó el proceso de elección.
Añadió que otra de las tareas prioritarias es reconstruir la confianza entre estudiantes y docentes, en un contexto donde persisten señalamientos de acoso contra algunos profesores. En este rubro, afirmó, no debe haber simulaciones y es indispensable dar continuidad a las denuncias existentes.
Finalmente, expresó su confianza en que, bajo una conducción firme y sin ataduras, la Facultad de Derecho pueda recuperar el prestigio nacional que alguna vez la distinguió. Recordó que en San Luis Potosí se dictó la primera sentencia de amparo en la República el 13 de agosto de 1849, además de que de sus aulas han surgido juristas que han marcado la historia jurídica y pública del país.