Mientras el discurso institucional insiste en que no existen despidos injustificados en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, las cifras públicas muestran una realidad distinta. La postura del síndico municipal, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, se sostiene en una narrativa administrativa que habla de contratos concluidos, procesos legales en curso y ausencia de irregularidades. Sin embargo, cuando el erario continúa pagando millones de pesos por laudos laborales perdidos, la versión oficial comienza a exhibir fisuras difíciles de ignorar.
El deslinde del síndico resulta jurídicamente correcto, pero políticamente cómodo. Asegura no tener conocimiento de bajas irregulares y enfatiza que los asuntos laborales no recaen directamente en su sindicatura. Bajo esa lógica, nadie despide injustificadamente, nadie se equivoca y nadie rinde cuentas. Los juicios laborales, afirma, son parte de la rutina administrativa, como si su recurrencia fuera inevitable y no consecuencia de decisiones mal ejecutadas.
Los datos de la Plataforma Estatal de Transparencia contradicen esa normalidad aparente. En un solo mes, el ayuntamiento destinó alrededor de 1.7 millones de pesos al pago de 24 laudos laborales, varios de ellos derivados de despidos que los tribunales calificaron como injustificados. No se trata de interpretaciones políticas, sino de resoluciones judiciales firmes que obligaron al municipio a indemnizar a ex trabajadores tras años de litigio.
A ello se suma la advertencia de la organización Ciudadanos Observando, que anticipa que en 2026 podrían resolverse nuevos juicios con impactos financieros aún mayores, incluyendo reinstalaciones obligatorias. La contradicción es evidente, mientras la autoridad niega despidos injustificados, el dinero público sigue utilizándose para corregirlos. El problema de fondo no es la existencia de los juicios, sino su repetición sin responsables, una gestión laboral deficiente que se normaliza bajo el argumento de que todo está conforme a derecho.