La venta de pirotecnia en San Luis Potosí continúa siendo una práctica tolerada por las autoridades de los tres niveles, pese a los riesgos evidentes, los antecedentes de accidentes graves y los daños al medio ambiente. Año con año, al cierre de diciembre, los gobiernos municipales vuelven a autorizar permisos para esta actividad de alto riesgo, y el fin de año pasado no fue la excepción.
Más allá de la permisividad, un hecho particularmente grave salió a la luz: la expedición de permisos fuera del ámbito territorial correspondiente. La organización Ciudadanos Observando dio a conocer una denuncia ciudadana que documenta la existencia de un permiso otorgado por la Dirección de Comercio del municipio de San Luis Potosí, con folio QC0000021135, para la venta de pirotecnia en la calle 71 esquina con Las Higueras, en el fraccionamiento Ciudad 2000, zona que pertenece al municipio de Villa de Pozos.
El documento existe y el punto de venta también operó, sin que hasta ahora se haya ofrecido una explicación oficial. El caso abre una serie de cuestionamientos obligados: ¿quién autorizó desde la capital un permiso para operar en otro municipio?, ¿con qué atribuciones se expiden autorizaciones fuera de su jurisdicción?, y ¿dónde queda el control que las autoridades aseguran tener sobre permisos que implican riesgos para la población?
La situación también pone bajo escrutinio a las autoridades de Villa de Pozos. La Dirección de Comercio, encabezada por Rocío Alvarado Vázquez, informó que durante la temporada se implementaron operativos en conjunto con Protección Civil para detectar y evitar la venta de pirotecnia. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo es que un permiso activo, documentado y visible no fue detectado por dichos operativos?
Que haya sido un ciudadano y no la autoridad quien expusiera el caso revela un problema más profundo de omisiones, falta de coordinación o posible tolerancia institucional. Quedan en el aire interrogantes clave: ¿cuántos permisos más fueron expedidos por el gobierno de San Luis para operar en territorio de Villa de Pozos?, ¿se trata de un hecho aislado o de una práctica normalizada?, y, sobre todo, ¿quién asumirá la responsabilidad y dará respuestas claras a la ciudadanía?