La organización Ciudadanos Observando reveló la existencia de una presunta red de corrupción al interior de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde —según denuncias internas— se mantiene un esquema de extorsión y cobros ilegales a comerciantes locales, a pesar de los constantes cambios de funcionarios.
De acuerdo con información recabada por la organización, la oficina que debería encargarse de la regulación del comercio opera en realidad como un mecanismo de recaudación informal, donde las cuotas, favores y “cooperaciones” económicas determinan qué negocios reciben autorización para operar.
Entre los nombres señalados se encuentra Gabriela Coronel, asistente del actual director, quien, de acuerdo con las denuncias, funge como filtro principal para los trámites que implican beneficios económicos. Las fuentes consultadas aseguran que “todo expediente importante pasa por sus manos”, y que es ella quien decide qué permisos avanzan y cuáles se frenan hasta que haya un pago de por medio.
En la parte operativa, las denuncias apuntan a Karlo Martínez, identificado como familiar de Aldo Mikael Ramos Amador, exfuncionario de Comercio en la administración de Xavier Nava Palacios y señalado anteriormente por prácticas de corrupción. Martínez sería el encargado de contactar directamente a empresarios y comerciantes para gestionar las “cuotas” o “cooperaciones” que se exigen a cambio de permitir la operación de giros comerciales.
Ciudadanos Observando también documentó que este esquema habría sido heredado del exdirector Jorge García, quien antes de su salida dejó colocadas a personas en puestos estratégicos con el fin de garantizar la continuidad del modelo interno de recaudación ilegal.
Actualmente, la Dirección de Comercio está encabezada por Ángel de la Vega, a quien las denuncias ubican como responsable de mantener activa esta estructura. “El dinero sigue fluyendo, la impunidad sigue mandando y la corrupción se ha normalizado”, expresaron las fuentes consultadas por la organización.
Incluso, empresarios locales aseguran haber enfrentado presiones similares en otras áreas del Ayuntamiento. “Ya en su momento se expusieron los abusos en Protección Civil, donde para darme los permisos me estaban pidiendo un departamento a cambio”, denunció un restaurantero potosino.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos no ha atendido con seriedad las denuncias internas ni ha ordenado una investigación a fondo sobre las irregularidades que, según Ciudadanos Observando, se repiten en varias dependencias municipales.
La organización ciudadana adelantó que continuará recabando testimonios y pruebas para documentar formalmente el caso y exigir transparencia en el manejo de la Dirección de Comercio.
