A través de una carta abierta, dirigida a la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, consejeros y autoridades indígenas de San Luis Potosí solicitaron su intervención inmediata para que la Secretaría de Bienestar libere los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), los cuales, acusan, han sido bloqueados de forma ilegal por funcionarios federales.
En el documento, firmado desde el municipio de Tancanhuitz, las comunidades Tének y Náhuatl denunciaron que la Secretaría de Bienestar ha incumplido suspensiones definitivas y provisionales otorgadas por los juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en San Luis Potosí, las cuales ordenan no reducir ni retener los recursos asignados.
Los representantes señalaron directamente a Ariadna Montiel Reyes, titular de Bienestar; Guillermo Morales, delegado de la dependencia en el estado; y Mario Alberto Godoy Ramos, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí, de bloquear transferencias, congelar cuentas bancarias y presionar a autoridades indígenas para que se desistan de los amparos interpuestos.
De acuerdo con la carta, incluso se ha hecho uso indebido de la radiodifusora XEANT, de La Voz de las Huastecas, para “difamar y desinformar” sobre los líderes indígenas que defienden los derechos de sus comunidades, sin que el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, haya intervenido.
Entre las comunidades afectadas se encuentran Acatitla (San Martín Chalchicuautla), Piaxtla y La Garza (Tancanhuitz), Tocoy y San Pedro (San Antonio), Tampate (Aquismón), Coromohon (Tanlajás), Tanjasnec (San Antonio), Tamarindo (Tancanhuitz), Tanchahuil (San Antonio), Tepetate (Tamazunchale) y Tampaxal (Aquismón), cuyos expedientes de amparo permanecen activos.
Las comunidades reiteraron que la Secretaría de Bienestar no tiene fundamento legal para retener los recursos o congelar las cuentas comunitarias, y llamaron a la presidenta Sheinbaum a garantizar el respeto a las resoluciones judiciales y a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, asegurando que los recursos lleguen directamente a sus destinatarios.
