La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) advirtió que la iniciativa presidencial para reformar la Ley de Aguas Nacionales y crear una nueva Ley General de Aguas no rompe con el modelo neoliberal que ha permitido el acaparamiento, la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos en México.
De acuerdo con la organización, la propuesta mantiene los mismos mecanismos de “participación” a través de los Consejos de Cuenca, dominados por gobiernos y grandes concesionarios, lo que impide que comunidades, pueblos indígenas y sectores sociales tengan voz en la gestión del agua, contraviniendo el espíritu del Artículo 4º constitucional que garantiza el derecho humano al agua.
La CAAHP propone sustituir esos Consejos de Cuenca por Consejos Regionales que incluyan auténticas representaciones sociales —pueblos originarios, productores, mujeres, investigadores y sistemas comunitarios— para garantizar decisiones democráticas y vinculantes en torno al manejo del agua.
Entre las principales preocupaciones, el organismo señaló que la reforma mantiene el sobreconcesionamiento y la mercantilización del agua mediante nuevas figuras como la reasignación y los “Fondos de Reservas”, mecanismos que permitirían a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) autorizar la compra de derechos a ejidos y comunidades en beneficio de grandes empresas.
También criticó que se mantengan los esquemas de impunidad para las industrias contaminantes bajo la lógica de “quien contamina paga”. En regiones como la Huasteca Potosina, apuntaron, las descargas de termoeléctricas, cementeras, agroindustrias y ganaderas han envenenado sistemáticamente los ríos Tamasopo, Valles, Tampaón, Huchihuayán, Axtla y Moctezuma, sin que existan sanciones reales.
Asimismo, la CAAHP alertó sobre la promoción de megaobras hídricas con inversión privada, como el posible trasvase del río Pánuco hacia el norte del país, las cuales —advirtieron— deben someterse a revisión pública por el riesgo de afectar ecosistemas, sistemas productivos y derechos colectivos.
La Contraloría también exigió prohibir el uso de agua para fracking, reconocer los derechos de los pueblos originarios sobre sus fuentes de agua, y otorgar carácter de sujeto de derecho público a los sistemas comunitarios.
Finalmente, el organismo se sumó al llamado de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) para construir una legislación verdaderamente democrática y sustentable que erradique las prácticas neoliberales y garantice el derecho humano al agua, la participación social y la rendición de cuentas en su gestión.
