A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el bar Rich, de la Plaza Alttus, en la capital potosina, los padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado ampliar las investigaciones para incluir a funcionarios públicos que —por acción u omisión— permitieron las condiciones que derivaron en la tragedia.
Hasta ahora, solo tres personas vinculadas con la propiedad y operación del establecimiento han sido señaladas en la carpeta de investigación. Sin embargo, los familiares sostienen que la tragedia no puede entenderse sin considerar la falla de autoridades municipales y estatales, encargadas de otorgar permisos, supervisar medidas de seguridad y regular la venta de alcohol.
“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la omisión de funcionarios que debieron vigilar y prevenir”, expresaron los padres en un documento entregado a la Fiscalía estatal, recordando que incluso la Contraloría Interna Municipal ya había determinado responsabilidades administrativas en servidores públicos por falta de supervisión.
Pese a ello, ningún funcionario ha sido llamado a declarar y no hay avances en esa línea. Los padres advirtieron que el homicidio se persigue de oficio, por lo que la Fiscalía tiene la obligación legal de investigar a fondo.
“Queremos una justicia completa, no parcial. El silencio de las autoridades no puede ser cómplice”, señalaron.
Las familias reiteraron su exigencia de verdad, justicia y memoria, para que la tragedia del Rich no quede impune.
