Rosalinda Ávalos Reyes, agente de la Dirección General de Métodos de Investigación, vive desde hace casi cinco años bajo una doble tragedia: el asesinato de dos de sus hijos y, ahora, la persecución judicial tras señalar públicamente a un funcionario con presuntos nexos con el crimen organizado.
El 11 de noviembre de 2020, dos de sus tres hijos —de 18 y 20 años de edad— fueron acribillados al exterior de su domicilio en la zona conurbada a la capital potosina. Su hija mayor sobrevivió al ataque. Rosalinda asegura que el crimen se derivó de sus denuncias internas sobre presuntas complicidades entre policías estatales de Investigación y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este 2025, Rosalinda irrumpió en la sala del Congreso local durante una sesión pública. Ante legisladores y medios de comunicación, señaló directamente a Sabas Santiago Ipiña como presunto responsable intelectual del asesinato de sus hijos.
En ese momento, Ipiña se perfilaba a ocupar un cargo como juez del Poder Judicial del Estado gracias a la elección popular celebrada este año. Sin embargo, tras las acusaciones, el Comité de Selección lo descartó bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos constitucionales.
La situación de Rosalinda se agravó cuando el propio Ipiña interpuso una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y daño moral. Rosalinda sostiene que los testigos presentados en su contra están vinculados a la delincuencia organizada.
En entrevistas recientes, ha advertido: “Me van a matar”. Afirma que el Estado la está revictimizando al no garantizar su seguridad, mientras colectivos y activistas levantan la voz para exigir medidas de protección reales.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado sólo ha dispuesto patrullajes en el exterior de su domicilio como medida cautelar, pese al alto nivel de riesgo documentado.
La FGE informó que nueve personas han sido detenidas por el asesinato de los hijos de Rosalinda. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha sido llevado a juicio.
“Estoy sola en esto, enfrentando a jueces, ministerios públicos y servidores públicos. Pero no me voy a callar”, declaró Rosalinda en horas recientes, insistiendo en que su exigencia es simple: que el Estado deje de perseguirla y le garantice la vida.
Mientras tanto, su caso se ha convertido en un símbolo de la impunidad, la complicidad institucional y la vulnerabilidad de quienes denuncian al crimen organizado en San Luis Potosí.
