Comunidades tének y nahuas de la Huasteca potosina denunciaron retrasos, limitaciones y condicionamientos en la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), lo que calificaron como una política de chantaje encabezada por la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
De acuerdo con el Observatorio Indígena Mesoamericano, los apoyos comenzaron a llegar con cinco meses de retraso y bajo la modalidad de “cuentagotas”, a pesar de que el ejercicio del fondo debe concluir en noviembre próximo, aun cuando el año fiscal cierra en diciembre.
Algunas comunidades permanecen sin tarjeta bancaria o sin depósitos, pese a contar con suspensiones judiciales que ordenan el acceso total a los recursos. Entre ellas se encuentran Piaxtla, del municipio de Tancanhuitz; Tancahuil, Xolol y Barrio El Mante, en San Antonio; Tanjasnek, Tocoy y Tamapatz, esta última una de las localidades con mayor presupuesto asignado.
El organismo denunció además que funcionarios federales imponen límites a los retiros bancarios, lo que restringe la libre disposición de los fondos. Incluso, en un taller realizado en San Antonio el 4 de septiembre, el delegado de Programas Federales en la región, Guillermo Morales, advirtió que las comunidades que recurrieron al amparo no recibirán recursos hasta desistirse de sus acciones legales. Según la acusación, el INPI en el estado, encabezado por Mario Alberto Godoy Ramos, estaría encargado de promover dichos desistimientos.
El Observatorio criticó que esta postura violenta los derechos humanos y desconoce la autonomía de las comunidades, pues los servidores de la nación presionan a las asambleas indígenas para limitar el tipo de obras a ejecutar, ignorando sus decisiones comunitarias.
A la par, señalaron irregularidades en la operación de programas como La Escuela es Nuestra y en la administración de comedores indígenas, donde presuntamente se busca beneficiar a empresas particulares y proveedores externos, en detrimento de los niños y niñas indígenas.
El Observatorio Indígena Mesoamericano llamó a las autoridades a respetar los derechos de los pueblos originarios y a cumplir con los lineamientos del FAISPIAM sin condicionamientos ni retrasos.
