Habitantes de la comunidad San Marcos Carmona denunciaron públicamente al delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí, Mario Alberto Godoy Ramos, por alentar a un grupo de personas con antecedentes violentos —e incluso denuncias penales— a tomar por la fuerza el control de la Junta Directiva del Consejo Indígena local.
De acuerdo con varios testimonios obtenidos, se trata de un grupo minoritario ajeno a la comunidad, conformado por personas que no son originarias del municipio ni del estado, pero que se han «autodenominado» como indígenas para acceder a cargos dentro del Consejo, sin que exista una verificación real de su identidad o arraigo.
Los inconformes advierten que esta situación está generando una creciente inestabilidad social y podría derivar en conflictos graves.
“El verdadero objetivo es el poder, la impunidad, el manejo de recursos públicos y el control político al servicio de un partido”, denunciaron.
Además, señalaron que se está creando un ambiente de intimidación contra quienes, en el pasado, decidieron vender sus propiedades para permitir el desarrollo de la comunidad. «Quieren decidir quién tiene derecho a agua potable, a ser enterrado en el panteón, y quién no. Están dispuestos a violar derechos humanos y a delinquir con impunidad», acusaron.
El delegado del INPI, Mario Godoy, ha ignorado las solicitudes de diálogo presentadas por la mayoría de la comunidad, y en su lugar ha enviado a un subordinado, Fidel Martínez Villareal, quien presuntamente realiza una operación política a favor del grupo señalado, prometiendo acceso a recursos públicos federales y poder equiparable al del propio cabildo municipal.
Estas denuncias se suman a otras que han surgido en diversas regiones del estado, particularmente en la Huasteca potosina, donde comunidades indígenas han cuestionado la manera en que se han conformado los comités locales del INPI y las prioridades impuestas desde la delegación, lo que apuntaría a una práctica sistemática de manipulación política de los órganos comunitarios.
Los habitantes de San Marcos Carmona piden la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para frenar lo que consideran una “estrategia de colonización política” disfrazada de representatividad indígena, que está fracturando el tejido social en sus comunidades.
