Según lo informado por el titular de la Defensoría Pública del Estado, desde el comienzo del nuevo Gobierno estatal, la organización ha fortalecido su capacidad y servicios para ofrecer políticas para la defensa jurídica y la protección a intereses de las personas, grupos y comunidades más vulnerables de San Luis Potosí.


En los últimos meses se han gestionado talleres, cursos y actividades de profesionalización a quienes fungen como defensores y defensoras litigantes en la dependencia, por parte de especialistas en la función pública federal, lo cual ha permitido consolidar la defensa técnica-jurídica que se ofrece a la población potosina.


A través del apoyo brindado por el gobierno estatal se han mejorado las atenciones a la defensa de cualquier ciudadano, en grupo o en lo individual, que por razones económicas, sociales, étnicas, geográficas o culturales no cuentan con los recursos necesarios para una representación legal, garantizando que sus derechos políticos, humanos, sociales y de cualquier índole les sean respaldados.
Ejemplo de ello fue la última actividad realizada por la institución llamada “Taller de Responsabilidades Administrativas y Defensa Jurídica” que se impartió a todo el personal de la dependencia con lo que se busca mejorar sus servicios.


Mencionó el funcionario que en el anterior sexenio hubo retraso en la capacitación del personal y que diversas áreas de relevancia estaban en descuido, debido a que anteriores funcionarios daban el pretexto de la falta de presupuesto y la presencia de la pandemia por Covid-19.