Las autoridades se encuentran “bajo la lupa” de la sociedad civil tras una serie de negligencias y omisiones que nuevamente derivaron en la pérdida de vidas humanas. Esta semana ocurrió otra tragedia, ahora en el “Bar Alevaluc” en la capital potosina.
En el “Bar Alevaluc” una persona perdió la vida en circunstancias aún por esclarecer, y ello pone de relieve la preocupante y constante negligencia de las autoridades municipales y estatales, específicamente Comercio y Gobernación.
Esta muerte, más allá de ser un acto aislado, evidencia la falta de aplicación de las leyes existentes y la operación ilegal de algunos establecimientos nocturnos.
A pesar de la existencia de reglamentos claros sobre los horarios de operación, medidas de seguridad y requisitos para que bares y antros funcionen legalmente, el caso del Bar Alevaluc expone una verdad incómoda: las autoridades, encargadas de hacer cumplir estas normas han fallado rotundamente en su deber.
Este lugar y varios en el Centro Histórico han estado actuando al margen de la ley por varios años, no es nuevo. Lo más alarmante es que esto ocurre con el conocimiento y bajo la complacencia de quienes deberían estar fiscalizando esta normatividad.
Desde hace años, organizaciones civiles y diversos medios de comunicación han denunciado la apertura descontrolada de bares que no respetan los horarios de cierre establecidos o que operan sin las mínimas medidas de seguridad. Sin embargo, esas denuncias caen en saco roto. La omisión de las autoridades no es sólo un signo de ineficacia, sino que sugiere un entramado de corrupción que permite que estos lugares sigan funcionando a pesar de las irregularidades.
El caso del Bar Alevaluc es especialmente indignante por varias razones:
Primero, es inadmisible que un establecimiento en el que, según testimonios de clientes y vecinos, ya había antecedentes de violencia, además operaba desde las 22 horas hasta que el último cliente abandonara el lugar. No obstante, el resto de los bares de la zona cierran a más tardar a las dos de la madrugada en base a su permiso de venta de alcohol.
Segundo, el control preventivo, en lugar de ser la norma, parece ser la excepción. Tras los eventos del Bar Rich y la muerte de al menos una persona en el Bar Alevaluc las autoridades se apresuran a clausurar estos lugares, pero ¿de qué sirve actuar después de una tragedia?. Las vidas que se pierden en estos lugares son un recordatorio doloroso de que las autoridades actúan tarde y solamente para fingir lo que debería de ser su labor.
El dueño/operador del lugar y su hijo, nunca fueron detenidos por este evento, al contrario, se le dieron las facilidades para cambiar al menos uno de los ventanales rotos (¿evidencia?) y el desalojo de artículos del lugar de los hechos.
El problema, por supuesto, no se limita a un solo bar ni a una única tragedia. La falta de operativos de revisión, el laxo seguimiento a las denuncias ciudadanas y la impunidad con la que se manejan estos negocios son síntomas de una crisis mucho mayor.
Las autoridades no pueden seguir lavándose las manos. El fallecimiento de esta(s) persona(s) es un llamado urgente a la acción.
La pregunta es, ¿cuántas vidas más deberán perderse antes de que las autoridades estatales y municipales asuman su responsabilidad con seriedad?
La ciudadanía merece respuestas, pero, sobre todo, merece justicia y una ciudad en la que pueda vivir y divertirse sin temer que el siguiente bar al que se entre sea una trampa mortal amparada por la negligencia oficial.
