*“No tengo ninguna información de eso, hay que preguntarle al DIF y al Temazcalli… no tengo conocimiento de eso, no, no, no, voy a revisarlo”*, fue la respuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre un video difundido el pasado sábado, donde se observa a un elemento jurídico de la administración estatal que arremete verbal y físicamente en contra de un empleado del DIF.
El abogado Julio César Martínez ingresó a las instalaciones del Instituto “Temazcalli” acompañado de agentes encapuchados de la Guardia Civil -portando arma corta y metralleta- para notificarle su despido a un trabajador.
El empleado comenzó a grabar el procedimiento para (según narra en el video) evidenciar que están siendo agraviados sus derechos laborales; es entonces cuando el abogado Julio César Martínez se violenta contra el trabajador y además le arrebata el teléfono con el que grababa.
“¿Por qué me quitas mi teléfono?”, se escucha cuando pregunta el trabajador.
“Porque quiero, ¿cuál es el pedo?”, le responde el abogado que lleva saco, corbata y que porta un gafete.
Otra persona allí presente también grabó el episodio (que ocurrido desde el miércoles 8 de febrero), pero fue hasta el sábado 11 de febrero cuando el DIF estatal emitió un boletín en sus redes sociales donde precisó que al empleado del área de jardinería se le notificaba su cese laboral “porque cuenta con una denuncia por acoso sexual y diversas quejas de sus compañeras por la misma conducta”.
Sin embargo, en su boletín el DIF de San Luis Potosí no precisó cuál será la sanción para el abogado Julio César Martínez, a pesar de que el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha insistido públicamente que en su gobierno habrá “cero tolerancia” a la violencia y a los excesos cometidos por servidores públicos
Debido a que cese del empleado de jardinería del Instituto Temazcallí se derivó de señalamientos, y no de una investigación y posterior resolución de un Juez, este lunes el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado condenó el procedimiento y las formas de actuar del jurídico: “Despoja indebidamente de su teléfono celular al trabajador, se apodera del teléfono, se lo lleva consigo y lo manipula… éstas son pruebas contundentes de la irresponsabilidad, del autoritarismo, del abuso del poder de esta persona… en este sentido el Sindicato eleva su más enérgica protesta por estos actos aberrantes y fuera de la ley, y hacemos nuevamente un llamado a las autoridades para que cese el terrorismo laboral que continuamente hemos estado denunciando, terrorismo que queda comprobado con estos medios de prueba…”
Son reincidentes las conductas violentas también por parte de otros funcionarios públicos estatales.
Es el caso de Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, con un historial de agravios hacia periodistas, transportistas, expresiones de misoginia y prepotencia hacia beneficiarias de programas sociales. Semanas atrás se refirió a la entonces Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, a quien a través de una transmisión en Facebook Live le sugirió “adelgazar”.
Una y otra vez se han realizado “apercibimientos” a Leonel Serrato pero su conducta no ha cambiado. Él continúa dentro del gabinete estatal y hace un par de semanas anunció que no dará más entrevistas para “no lastimar a nadie”.
Otro funcionario reconocido por sus expresiones intolerantes es José Luis Urban Ocampo, director general de la nueva Guardia Civil Estatal. Aunque el pasado 1º. de febrero el gobernador Ricardo Gallardo admitió que se analizaba separarle del cargo, sin embargo desde entonces no se ha vuelto a pronunciar al respecto.
