A través de una investigación, la organización Ciudadanos Observando reveló irregularidades relacionadas con el arrendamiento de 42 unidades.

Dicho arrendamiento se hizo a través de la cuestionada empresa “Casanova Vallejo”.

La empresa, incluso ha sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública por facturar a sobreprecios

De forma muy concreta, Ciudadanos Observando reveló irregularidades respecto a una camioneta con placas TL486H, que manejaba el secretario general del ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez. Luego de que el funcionario se vio involucrado en un percance de tránsito en febrero pasado, se pudo comprobar que dicha unidad circulaba de manera ilegal, ya que cuenta con un historial relacionado incluso con diversos delitos.

Ciudadanos Observando dio a conocer que se continuó con la investigación. Se le solicitó mayor información al ayuntamiento, la cual fue entregada a la organización.

Tal como se sospechaba, se pudo comprobar que no era solamente una unidad que circulaba con diversas irregularidades, sino que en total son veintisiete.

En el oficio SIN/252/2025 con fecha del 20 de marzo del 2025, el Ayuntamiento -de manera oficial- confirma las sospechas, e informa que son veintisiete unidades las que fueron dadas de baja de manera ilegal en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas ubicada en Avenida Muñoz No. 650, interior D-15.

Una persona externa al ayuntamiento se presentó en dicha oficina para realizar ese acto ilegal, asegurando que ningún personal del ayuntamiento lo realizó.

Se menciona que, ante esta grave situación, el 19 de marzo se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por parte del Síndico municipal.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas, en su oficio SF/DGI/DRPF/2417/2025 le informó al Síndico que el 20 de marzo pasado, personal de esa Secretaría, asistió a la recaudadora ubicada en Plaza Muñoz para revisar los expedientes de las veintisiete unidades dadas de baja, confirmando que el procedimiento no se ajustó a la legalidad ni normativa vigente, por lo que dio vista el Órgano Interno de Control de la SEFIN, abriendo una investigación administrativa.

También, señala que los 27 expedientes fueron entregados a la FGE y obran ya en la carpeta de investigación respectiva.

Ante la comprobación de las sospechas de Ciudadanos Observando, la organización se pronuncia de manera contundente contundentes y enfática:

“ES INADMISIBLE ESTE TIPO DE SITUACIONES QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ INTENTÓ OCULTAR Y ENCUBRIR, Y QUE SE CONOCIÓ PÚBLICAMENTE GRACIAS A LA INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CIUDADANOS OBSERVANDO, COMPROBANDO LA CLOACA QUE EXISTE TANTO AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMO EN LAS OFICINAS RECAUDADORA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS”.

¿Quién fue la persona que se presentó para dar de baja las veintisiete unidades del ayuntamiento?

¿Por qué, personal de la recaudadora de Avenida Muñoz se prestó a realizar este trámite ilegal?

¿Por qué esta persona “extrañamente” escogió esa recaudadora, que se ubica en el mismo edificio donde está la Secretaría de Comunicaciones Estatal, donde el pasado sexenio Fernando Chávez era su titular?

¿Coincidencia?

¿Cuántos trámites ilegales más se han realizado en las recaudadoras?

¿Por qué el comisario Juan Antonio Villa -secretario de seguridad de la capital- solapó que estas unidades circularan de manera ilegal?

Se conoce que las 27 unidades que durante dos años fueron arrendadas, finalmente fueron compradas por el ayuntamiento, generando una fuerte sospecha sobre el destino que realmente se tenía sobre éstas, ya que una persona extraña se presentó en una recaudadora y las dio todas de baja sin presentar documentos y sin entregar las placas.

Tras este ilegal acto, existe la fundada sospecha, que tal vez el perverso objetivo era en fecha próxima cambiar a nuevos propietarios y quedarse con estos vehículos.

Con información oficial entregada por el ayuntamiento de San Luis Potosí, Ciudadanos Observando da a conocer que son 27 unidades oficiales que han circulado de manera ilegal y que portan placas que fueron dadas de baja desde el año pasado.